Los pueblos aborígenes de todo el mundo tienen a partir de ahora el derecho a la autodeterminación, al control de su tierra y sus recursos naturales, y la preservación de su cultura y sus tradiciones, según la declaración aprobada hoy por la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
A pesar de la resistencia de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda donde los aborígenes reclaman vastas tierras con ricas reservas, 143 de los 192 países representados en la Asamblea General decidieron adoptar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Once naciones se abstuvieron del voto.
Este documento establece el derecho a la autodeterminación de los aborígenes, incluyendo el “derecho a la autonomía o autogobierno en temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como caminos y formas para financiar sus funciones autónomas”.
“Cada individuo indígena tiene el derecho a la nacionalidad”, dice la declaración, que fue calificada por Estados Unidos como “defectuosa”.
Aborígenes en todo el mundo, particularmente en países en vías de desarrollo, se quejan de malos tratos, violaciones de los derechos humanos y pérdida de libertades personales así como de sus tierras en sus propios territorios.
Los territorios donde viven los aborígenes no pueden ser utilizados con fines militares ni, como era frecuente en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos, dice el texto.
La declaración sostiene que los estimados 300 millones de aborígenes en el mundo no deben ser sujetos de “ningún acto de genocidio u otro acto de violencia”, ni se debe proceder al traslado forzado de niños de un grupo a otro.
Los aborígenes no pueden ser desplazados de sus tierras o territorios, mientras que su relocalización no puede ser llevada a cabo sin consentimiento previo, tras una decisión tomada con libertad.
Los 46 artículos de la declaración otorgan a los aborígenes gran cantidad de derechos, la mayoría de ellos tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados sobre los derechos humanos y las libertades políticas y civiles.
El delegado de Estados Unidos Robert Hagen dijo que pese al “no” de su país, su gobierno “continuará con sus vigorosos esfuerzos para promover a nivel nacional los derechos de los aborígenes”.
“Según las leyes de Estados Unidos, Estados Unidos reconoce las tribus indias como entidades políticas con poderes inherentes de autogobierno como los primeros habitantes”, explicó.
“En nuestro sistema legal, el gobierno federal tiene una relación gobierno- gobierno con tribus indígenas”.
La ONU indicó que la declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento.
La embajadora Rosemary Banks de Nueva Zelanda, donde viven las tribus maoríes, dijo que en su país existen tratados que reconocen los derechos de los aborígenes.
Añadió que su gobierno participó en la negociación de la declaración, pero que muchos puntos son “imperfectos”, en particular aquellos que tratan el tema de las tierras y los recursos. “Por ese motivo, con pena y decepción genuina, Nueva Zelanda no puede apoyar la declaración”, indicó Banks.
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